La lección de un profesor

Un profesor de Alicante arrancó tres cámaras de videovigilancia, que habían sido colocadas por orden de la dirección del instituto donde impartía clase,  en un arrebato de santa indignación,  sana cólera e ira racional. El profesor, filmado por las propias cámaras que desmontó, fue detenido y pasó una noche en comisaría.

¿Cómo es posible que haya cámaras de videovigilancia en los sedicentes centros "educativos"? ¿No tenemos una Ley Orgánica 1/1982 de  grandilocuente Derecho al Honor, la Intimidad y la Propia Imagen que protege especialmente a los menores, benditos sean esos angelitos,  de semejantes atropellos y tropelías orwellianas propias del estado policial del Big Brother, y no hablo del concurso de la telebasura?

Muy sencillo: Los centros "educativos", aunque se llamen Institutos de Educación Secundaria con rimbombante apelación, no son tales centros educativos, porque no pretenden educar, ni siquiera, más modestamente, enseñar e instruir, como cuando se hablaba  humildemente de centros de Enseñanza -que no Educación- General Básica o de Institutos de Enseñanza Media, sino controlar a la población infantil y juvenil forzosamente escolarizada o recluida, mejor dicho, en ellos.

La dirección justifica la instalación de las cámaras diciendo que se pretendía evitar los robos, y que esta medida había sido decidida por los órganos de gobierno colegiados y unipersonales del centro elegidos democráticamente. Se pone como justificación de algo injusto su carácter democrático, decidido por el órgano representativo de una mayoría, como si la mayoría fuéramos todos. Sin embargo, una elección democrática por muy mayoritaria que sea no tiene por qué ser justa. Es más: Esta no lo es, porque no se ajusta a derecho ni al más común de los sentidos. Además, si hay robos es porque hay desigualdad económica, si hay desigualdad económica es porque hay dinero y no hay justicia en la sociedad. La sociedad, por lo tanto, debería procurar que hubiera justicia - y no dinero ni propiedad privada- para que no hubiera robos. Pero ¿cómo va a haber justicia si cuando hay crisis económica, por ejemplo, se destina dinero público de las arcas del Estado a los bancos privados, o sea, a los  ricos usureros que menos lo necesitan?

En todo caso, el daño que se hace a la libertad es mayor que el que se hace a la propiedad. ¿Quién controla a los controladores? Ya formuló la pregunta Juvenal: quis custodiet ipsos custodes? Y la pregunta sigue flotando en el aire, sin respuesta ninguna que valga.

La educación debería basarse en la libertad y en la responsabilidad y no en el control ajeno, pero algunos prefieren pagar sofisticados sistemas de videovigilancia y seguridad porque, por muy caros que sean, son más baratos que la ímproba tarea de educar, que además no se sabe muy bien en qué consiste. Preguntémonos socráticamente: ¿Qué es la educación? A ver qué pasa. Al fin y a la postre esos aparatos sólo cuestan dinero, dinero de todos los contribuyentes.

¡Contribuyentes! ¡Qué palabra más ominosa ésta, pero qué reveladora de que todos estamos contribuyendo democráticamente a que se instalen estas cámaras, y fomentando la vigilancia y el control ajenos en lugar de la libertad y la responsabilidad -y la justicia- para que no sucedan los hechos que se pretenden vigilar y castigar! ¡Cuánto mejor hubiera sido que el dinero –público, no se olvide- que se ha invertido en cámaras que fomentan el voyeurismo y el exhibicionismo se hubiera destinado a la compra de libros, esos objetos tan raros y antiguos que se guardan en las bibliotecas y que ya no lee casi nadie!

Lejos de considerar la actitud de este profesor una locura extemporánea o un delito, deberíamos todos decidirnos a hacer lo mismo y denunciar y exigir que se retiren las cámaras de videovigilancia de nuestros lugares de ocio y de trabajo. Deberíamos rebelarnos. Y aplaudir a ese profesor, que le ha dado una lección a toda la sociedad.